En Colombia hemos aprendido —a veces a la fuerza— a
desconfiar de las palabras grandes. La política pública suele anunciarse con
estruendo, los presupuestos se confunden con promesas y el discurso pretende
ocupar el lugar de la realidad. Por eso conviene hablar sin adornos, con la
sobriedad que impone la vida cotidiana. Una política no se mide por lo que dice
de sí misma, sino por si llega o no llega a donde más se necesita.
La inversión del gobierno nacional en Antioquia, que
supera los 587 mil millones de pesos, no debería leerse como una cifra para el
aplauso fácil. Su verdadero sentido está en otra parte: en la posibilidad de
sostener el sistema de salud allí donde históricamente ha sido más frágil. Los
recursos públicos solo adquieren valor cuando se traducen en presencia
efectiva, en servicios que funcionan y en instituciones que no colapsan.
Los números importan cuando dejan de ser abstractos.
4.281 millones de pesos para poner en funcionamiento 1.267 equipos de salud,
integrados por 8.239 trabajadores que recorren los 125 municipios del
departamento, significan algo elemental pero decisivo: llegar. Llegar a veredas
-comunidades indígenas-, barrios y corregimientos donde la salud suele aparecer
tarde o no aparecer nunca.
39.491 millones destinados a 142 vehículos de transporte
asistencial -ambulancias- no son símbolos ni gestos políticos: son tiempos de
respuesta más cortos, traslados más dignos y muertes que pueden evitarse.
35.320 millones invertidos en 25 proyectos de
infraestructura y dotación hospitalaria no son maquetas ni renders: son salas
abiertas, equipos disponibles y servicios reales.
Y 53.551 millones para sanear pasivos y fortalecer la
prestación; evitado que hospitales al borde de la quiebra cruzaran una línea de
no retorno que siempre termina pagando la ciudadanía.
Sin embargo, un análisis responsable no se agota en el
inventario. El problema estructural de la salud en Colombia no ha sido
únicamente la falta de recursos, sino la dificultad para sostenerlos en el
tiempo, articularlos entre niveles y gobernarlos con rigor. Toda inversión
pública solo adquiere legitimidad si se mantiene, se evalúa y se corrige cuando
es necesario. La pregunta de fondo no es cuánto se invierte, sino cómo se
administra esa inversión y qué impacto real tiene en la vida de las personas.
Mirado en prospectiva, este esfuerzo cobra un valor que
con frecuencia se subestima: cuidar la vida también es cuidar la salud mental.
Equipos que llegan, hospitales que no cierran y servicios que responden reducen
la angustia cotidiana de quienes atraviesan duelos, crisis emocionales o
situaciones límite. La certidumbre institucional —saber que hay a quién acudir—
opera como un factor protector silencioso pero poderoso. En contextos de
vulnerabilidad, la presencia del Estado no solo atiende cuerpos: contiene,
acompaña y previene.
Por ello, resulta legítimo exigir que las entidades
responsables de la prestación de estos servicios en cada municipio presenten,
con claridad y responsabilidad pública, los logros concretos obtenidos en el
mejoramiento de la salud y la salud mental de la población. No como un
ejercicio retórico, sino como un acto mínimo de rendición de cuentas frente a
la vida que se busca proteger.
Cuando la salud se organiza desde el territorio, la
política pública deja de ser una abstracción técnica y se convierte en una red
que sostiene la vida. En un país atravesado por la desigualdad, el dolor y la
violencia, eso no es propaganda. Es, simplemente, una condición básica de
dignidad.
Por José Gañan Bedoya – psicólogo.
Chigorodó, 27-12-2025.
Bibliografía.
Organización
Mundial de la Salud (OMS). Atención primaria de salud y determinantes
territoriales. World Health Organization. (2018). Declaration of Astana: Global
Conference on Primary Health Care. WHO.
Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Salud mental comunitaria y redes de cuidado. Organización
Panamericana de la Salud. (2021). Salud mental en la comunidad: orientaciones
técnicas para la organización de servicios. OPS.
The Lancet
Commission on Global Mental Health. Inversión pública, sistemas de salud y
prevención. Patel, V., Saxena, S., Lund, C., et al. (2018). The Lancet
Commission on Global Mental Health and Sustainable Development. The Lancet,
392(10157), 1553–1598. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X

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