Hoy salí a comprar algo personal
a una de las farmacias de mi pueblo y, estando allí, una mujer que me atendió
en el mostrador me preguntó sobre mi profesión, a qué me dedicaba y cuántos
años llevaba viviendo en Chigorodó. Conversamos muchas cosas y, en medio de esa
charla cotidiana, me lanzó una pregunta que no he podido sacarme de la cabeza:
“¿Por qué la gente de estos
tiempos es tan débil y todo lo quieren resolver quitándose la vida?”
Hablamos un rato. No desde el
juicio, sino desde la comprensión. Le expliqué que no se trata de debilidad,
sino de condiciones. De contextos. De cargas invisibles que, cuando se
acumulan, terminan quebrando incluso a los más fuertes.
Le hablé de los determinantes
sociales, políticos, económicos y culturales, entre otros. De cómo la
inflación, los duelos no resueltos, el no tener vivienda propia, los altos
costos del arriendo, los impuestos locales, la violencia, el consumo de drogas,
el desempleo y, en muchos casos, el hambre, convierten la vida en una lucha
diaria por sobrevivir. Y cuando la vida se vuelve insoportable, el sufrimiento
deja de ser solo emocional: se convierte en estructural.
Y entonces ocurre lo inesperado.
El precio del dinero y el costo
de vivir
Mientras esa conversación
ocurría, le recordé además que en otro escenario —más técnico, más distante— la
mayoría de la Junta Directiva del Banco de la República había tomado una
decisión: subir la tasa de intervención del 10,25% al 11,25%.
Dicho en términos sencillos:
subir el precio del dinero. Pero cuando sube el precio del dinero, no sube solo
un indicador.
Sube el corto de la vida.
Suben los intereses de las
tarjetas de crédito.
Suben las cuotas de los créditos
de vivienda.
Se encarece financiar un
emprendimiento o sostener un negocio.
Se frena la inversión.
Se contrae el consumo.
Se enfría el empleo, entre otros.
En un país como el nuestro donde
millones de personas viven del día a día, esta decisión no es abstracta: es
profundamente concreta.
Con una inflación cercana al
5,3%, la tasa real de intervención se ubica alrededor del 5,9%, uno de los
niveles más altos en décadas. Y aquí surge una pregunta que no es técnica, sino
ética:
¿Imponer a los ciudadanos
colombianos una tasa real de este nivel no representa un golpe directo a la
calidad de vida de los más pobres?
Diversos estudios de organismos
como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial han demostrado que
los factores económicos son determinantes clave en la salud mental de las
poblaciones.
El desempleo, el endeudamiento,
la inseguridad económica y el aumento del costo de vida están asociados con
mayores niveles de ansiedad, depresión y riesgo suicida. Investigaciones en
salud pública han evidenciado que, en contextos de crisis económicas o presión
financiera sostenida, aumentan los intentos de suicidio, especialmente en
poblaciones vulnerables.
No es casualidad.
Cuando una familia no puede pagar
el arriendo, los impuestos de su propiedad, cuando debe elegir entre comer o
pagar una deuda, cuando el crédito —que antes era una herramienta— se convierte
en una trampa, lo que se deteriora no es solo el bolsillo: es el tejido
emocional, relacional y comunitario.
La economía no es solo números.
Es angustia o tranquilidad.
Es esperanza o desesperanza.
Una decisión que no es neutral
Se suele decir que la política
monetaria es técnica y neutral. Pero no lo es.
Cada decisión de este tipo tiene
efectos diferenciados.
Tiene ganadores y perdedores.
Ganan quienes viven de las rentas
financieras, quienes se benefician de tasas altas y del encarecimiento del
crédito.
Pierden quienes dependen del trabajo, del consumo y de la producción: las familias, los pequeños empresarios, los trabajadores informales, los campesinos.
El Banco de la República es
independiente del Gobierno, sí. Pero no puede ser independiente e indiferente
de la realidad social.
Cuando una decisión económica profundiza las desigualdades, frena la movilidad social y aumenta la presión sobre los hogares más vulnerables, deja de ser simplemente técnica y se convierte en profundamente política.
Cuando llegué a mi casa, volví a
pensar en la mujer de la farmacia.
En su pregunta.
En su preocupación genuina.
En su intento de entender un
fenómeno relacional que cada vez golpea más cerca.
La respuesta no está en la
“debilidad” de las personas.
Está en la dureza de las
condiciones de vida.
Porque cuando la vida se
encarece, cuando el futuro se reduce, cuando el esfuerzo no alcanza, lo que se
erosiona no es solo la economía: es la dignidad.
Y cuando la dignidad se fractura,
la salud mental se resiente.
Frente a todo esto, es inevitable
preguntarse:
¿Quienes toman estas decisiones
lo hacen pensando en el bien común, o responden a intereses que terminan
profundizando las brechas y el sufrimiento social?
No es una pregunta menor.
Es una pregunta de país.
Porque una economía que no
protege la vida, que no cuida a los más vulnerables, que no entiende y no es
consciente del impacto humano de sus decisiones, corre el riesgo de volverse eficiente
en cifras… pero profundamente injusta en la realidad.
Tal vez no estamos frente a una
sociedad más débil.
Tal vez estamos frente a
condiciones de vida cada vez más difíciles de resistir.
Y eso —más que juzgarlo— debería
obligarnos a transformarlo.
Por José Gañan Bedoya
Chigorodó Antioquia, 02-04-2026.
Referencias bibliográficas:
World Health Organization. (2014). Preventing suicide: A global
imperative. WHO.
https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779
World Bank. (2020). Mental health and the COVID-19 pandemic: The impact
on economic vulnerability. World Bank Group.
The Lancet Commission on global mental health and sustainable
development
Patel, V., Saxena, S., Lund, C.,
et al. (2018). The Lancet
Commission on global mental health and sustainable development. The Lancet,
392(10157), 1553–1598.
