Hablar de
salud mental pública obliga a mirar más allá del diagnóstico. La violencia, la
pobreza, el miedo, el desplazamiento y la ruptura de los vínculos también
enferman. Cuidar la salud mental de una comunidad significa intervenir las
condiciones que producen sufrimiento y recuperar la posibilidad de vivir juntos
con dignidad.
Hay
conferencias que terminan cuando se apaga el micrófono. Hay otras que uno se
lleva consigo.
La reflexión
del profesor Saúl Franco, médico y doctor en Salud Pública, durante la Cátedra
de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez, realizada en la Universidad de
Antioquia en el marco del Día Mundial del Salubrista, pertenece a las segundas.
Queda dando
vueltas una pregunta aparentemente sencilla:
¿Qué hacemos realmente cuando decimos que
cuidamos la salud de una comunidad?
No es una
pregunta menor.
Durante años
hemos aprendido a entender la salud mental fundamentalmente desde el individuo.
Preguntamos qué síntomas presenta una persona, desde cuándo los tiene, cuál
podría ser su diagnóstico, qué factores de riesgo existen y qué tratamiento
necesita.
Todo eso es
necesario.
Pero no es
suficiente.
Porque
mientras preguntamos qué sucede dentro de la persona, con demasiada frecuencia
dejamos de preguntar qué está ocurriendo alrededor de ella.
Y los
contextos también enferman.
Enferma una
comunidad cuando la violencia comienza a parecer normal.
Enferma
cuando sus jóvenes dejan de imaginar un futuro.
Enferma
cuando una mujer tiene miedo dentro de su propia casa.
Cuando un
adolescente encuentra humillación allí donde debería encontrar protección.
Cuando una
familia debe escoger entre alimentarse o pagar el transporte para asistir a una
cita.
Cuando
alguien pierde su tierra, su barrio, su comunidad o sus vínculos.
Cuando pedir
ayuda se convierte en una carrera de obstáculos.
Cuando las
instituciones llegan demasiado tarde.
Desde esa
perspectiva adquiere especial fuerza una de las ideas planteadas por Saúl
Franco: la salud pública no es un archivo
de conocimientos ni un museo de prácticas, sino una búsqueda permanentemente
inacabada de respuestas teóricas y prácticas frente a aquello que protege,
desafía o pone en riesgo la vida y el bienestar colectivos.
Esa
definición debería interpelarnos también desde la salud mental.
Porque la
salud mental pública tampoco puede reducirse a contar consultas psicológicas,
diagnósticos realizados, medicamentos formulados o personas remitidas.
Por supuesto
que necesitamos servicios.
Necesitamos
psicólogos.
Necesitamos
psiquiatras.
Necesitamos
atención oportuna y tratamientos de calidad.
Pero también
necesitamos preguntarnos por las condiciones que hacen que tantas personas
lleguen a esos servicios profundamente lastimadas.
Hay dolores
que ningún diagnóstico explica por completo.
Hay
sufrimientos que no deberían medicalizarse para hacerlos socialmente
tolerables.
La pobreza
desgasta.
La violencia
deja huellas.
La
discriminación hiere.
El desempleo
prolongado produce angustia.
El
desplazamiento desarraiga.
La soledad
sostenida enferma.
La
incertidumbre agota.
La exclusión
destruye esperanza.
Y vivir
durante años en territorios atravesados por diferentes formas de violencia como
la subregión de Urabá y Chigorodó, modifica la manera como las personas
confían, aman, crían, se relacionan e imaginan el mañana.
Por eso
resulta tan potente otra afirmación de Franco: la paz es producto de un entramado complejo de relaciones de poder y
de condiciones materiales, económicas, políticas y emocionales; no puede
existir una verdadera paz con hambre, sin trabajo digno, con discriminación o
estigmatización.
Y agrega una
afirmación que debería ocupar un lugar central en cualquier discusión contemporánea
sobre salud pública: sin paz no hay salud
y sin salud no hay paz.
Si aceptamos
seriamente esa relación, también tendremos que reconocer algo fundamental:
Construir salud mental es construir paz cotidiana.
No solamente
la paz de los acuerdos nacionales.
No
únicamente la paz que se firma, se anuncia o se negocia.
Existe otra paz mucho menos visible.
La paz de
una casa donde una niña puede dormir sin miedo.
La de una
escuela donde un adolescente puede pedir ayuda sin ser señalado.
La de una
mujer que puede vivir sin violencia.
La de una
persona mayor que encuentra compañía.
La de una
comunidad indígena que puede cuidar la vida sin renunciar a su cultura.
La de un
barrio que recupera sus espacios colectivos.
La de una
familia que recibe acompañamiento antes de que la crisis se convierta en
tragedia.
La de una
institución que escucha antes de juzgar y actúa antes de que sea demasiado
tarde.
Allí comienza a tener verdadero sentido
hablar de salud mental comunitaria.
No como una
versión económica de la consulta psicológica.
No como una
brigada, una jornada o un carrusel de la salud ocasional.
No como el
taller que llega una mañana, llena una lista de asistencia, toma algunas
fotografías y desaparece del territorio.
La salud mental comunitaria significa
reconocer que ninguna persona existe aislada de su historia, su familia, su
cultura, sus relaciones y su territorio.
Significa
trabajar con las comunidades y no solamente sobre ellas.
Esa
diferencia parece pequeña.
No lo es.
Una comunidad
puede intervenirse desde un escritorio.
Pero para
construir salud mental con ella hay que caminarla.
Hay que
escuchar.
Escuchar a
los niños y a los jóvenes.
A las
familias.
A los
docentes.
A las
mujeres.
A los
líderes comunitarios.
A las
comunidades indígenas.
A las
personas mayores.
A quienes
casi nunca aparecen en las reuniones institucionales.
Hay que
reconocer problemas, por supuesto, pero también capacidades.
Porque
incluso en los territorios atravesados por enormes dificultades existen redes de
solidaridad, conocimientos, prácticas de cuidado, liderazgos y formas de
resistencia que ningún sistema de información alcanza a registrar
completamente.
Quizás una
de las grandes tareas de la salud pública contemporánea consista precisamente
en aprender a medir sin dejar de
escuchar.
Necesitamos
datos.
Necesitamos
epidemiología.
Necesitamos
vigilancia.
Necesitamos
conocer cuántas personas intentan suicidarse, cuántas mueren por suicidio,
cuáles son los grupos más afectados, dónde ocurren los eventos y qué barreras
enfrentan quienes necesitan atención.
Necesitamos
esa información porque una política pública construida únicamente desde las
percepciones corre el riesgo de equivocarse sobre la realidad.
Pero los
números tampoco pueden convertirse en nuestra única forma de comprender el
sufrimiento.
Detrás de
cada indicador existe una persona.
Un intento
de suicidio registrado en un sistema de vigilancia no es simplemente una nueva
fila en una base de datos.
Es una
historia.
Una familia.
Una escuela.
Un colegio.
Una
universidad.
Un barrio.
Una
comunidad.
Una red de
relaciones.
Es alguien
que llegó a un punto de sufrimiento que debería obligarnos a preguntar no
solamente qué estaba ocurriendo en su mente, sino también qué estaba sucediendo
alrededor de su vida.
¿Qué estaba
pasando en su familia?
¿Qué ocurrió
en la escuela, colegio o universidad?
¿Qué
posibilidades tenía de pedir ayuda?
¿Qué
barreras encontró?
¿Qué señales
observó su entorno?
¿Qué
respuesta dieron las instituciones?
La
epidemiología puede mostrarnos dónde se concentra un problema.
La comunidad
puede ayudarnos a comprender por qué.
Necesitamos
ambas.
Saúl Franco
recuerda que la guerra no solamente
produce muerte, heridas y discapacidad; también destruye la tranquilidad
cotidiana, instala incertidumbre, inseguridad existencial y desconfianza, y
produce profundas consecuencias sobre la salud mental de las personas y de los
colectivos.
Colombia, Antioquia,
Urabá y Chigorodó conocen demasiado bien esas consecuencias.
Somos una
sociedad que ha aprendido durante décadas a seguir funcionando mientras carga
pérdidas que muchas veces nunca ha podido elaborar completamente.
Desplazamientos.
Desapariciones.
Asesinatos.
Amenazas.
Desarraigos.
Familias
fragmentadas.
Comunidades
destruidas.
La violencia
no termina necesariamente cuando termina el hecho violento.
Permanece en
las personas.
Permanece en
las familias.
Permanece en
las relaciones.
Y muchas
veces permanece durante generaciones.
Por eso
construir paz también requiere construir una política pública de salud mental
capaz de trabajar con la memoria, el duelo, la convivencia, la confianza y la
reconstrucción del tejido social.
Pero existe,
además, otra pregunta incómoda para quienes trabajamos en salud mental:
¿Por qué llegamos tantas veces después?
Después del
intento de suicidio.
Después de
la violencia.
Después del
desastre natural.
Después del
abandono escolar.
Después de
la crisis familiar.
Después del
consumo problemático.
Después de
que el sufrimiento se volvió insoportable.
Una salud
mental verdaderamente pública debería comenzar preguntándose también qué
podemos hacer antes.
Y muchas de
esas respuestas no estarán dentro de un consultorio.
Estarán en
una familia que sabe escuchar.
En una
escuela capaz de identificar señales tempranas.
En una red protectora
comunitaria.
En un centro
de escucha.
En un
voluntariado de salud mental.
En
oportunidades reales para los jóvenes.
En el
deporte.
En la
cultura.
En
organizaciones sociales fortalecidas.
En
instituciones capaces de compartir responsabilidades y no únicamente
remisiones.
En políticas
públicas que comprendan que prevenir el sufrimiento mental también significa transformar
las condiciones sociales que ayudan a producirlo.
Ese cambio
de mirada obliga igualmente a revisar nuestra propia manera de entender el
papel del profesional de la salud.
Ser
salubrista en salud mental quizá sea mucho más que ejercer una profesión.
Es asumir
una posición frente a la vida.
Es negarse a
considerar normal el sufrimiento evitable.
Es
incomodarse frente a una barrera de acceso.
Es preguntar
por quien dejó de asistir.
Es buscar a
quien quedó por fuera.
Es reconocer
que detrás de una estadística existe alguien esperando una respuesta.
Es entender
que la salud y la salud mental no comienzan en el hospital.
Y que la
salud mental tampoco comienza en el consultorio.
Empieza
mucho antes.
Empiezan en
las condiciones en que nacemos.
En la manera
como somos cuidados.
En las
escuelas donde crecemos.
En las
oportunidades que encontramos.
En los
trabajos que podemos conseguir.
En las
relaciones que construimos.
En los
territorios que habitamos.
En la
posibilidad de vivir sin miedo.
Por eso, en
el Día Mundial del Salubrista, quizá nuestro mejor homenaje no consista
simplemente en felicitarnos.
Tal vez
debamos aprovechar la fecha para volver a preguntarnos para qué hacemos lo que
hacemos.
Saúl Franco
propone que nuestro horizonte como
humanidad debe ser la vida en paz.
Desde la
salud mental comunitaria yo agregaría algo:
(…) esa paz
también debería poder sentirse.
Sentirse en
la casa.
En la
escuela.
En el
barrio.
En la
vereda.
En las
comunidades.
En nuestras
instituciones.
Sentirse en
la posibilidad de pedir ayuda sin miedo y encontrar a alguien dispuesto a
responder.
Porque una
sociedad mentalmente saludable no será aquella en la que nadie sufra.
Eso sería
imposible.
Será aquella
que construya suficientes vínculos, oportunidades, instituciones y redes de
cuidado para que nadie tenga que enfrentar su sufrimiento completamente solo.
Quizás allí
se encuentre una de las formas más humanas —y también más políticas— de hacer
salud mental pública.
Ver memorias
del Seminario en:
https://www.youtube.com/watch?v=Tk6Zzj0Hn38
Por José
Gañan Bedoya
Psicólogo.
Fotografía:
Lic. Naty Yela Salazar.
