En
Colombia los excesos no suelen irrumpir con sirenas. Entran por la puerta
grande, perfumados de formalismo: oficios pulcros, citas constitucionales,
anexos, firmas. Esta vez, un escrito aterriza en la Mesa Directiva del Senado
y, con solemnidad de notario, pretende declarar la falta absoluta del presidente
por “incapacidad mental permanente”. (https://drive.google.com/file/d/16nQHz48-vLY2CIytNNtG7LIQq3rqWdgf/view?usp=sharing) Qué frase. Suena
quirúrgica, impersonal, casi aséptica; y sin embargo es profundamente política.
No
es —no debería ser— una discusión sobre el personaje de turno. La escena es
otra: la fragilidad de nuestras instituciones cuando se dejan arrastrar por la
pasión desbordada y buscan, a cualquier precio, un atajo. Si el atajo viene
envuelto en bata blanca, mejor. Parece más limpio.
El
documento habla de “psicopatía incurable”, “cerebro podrido”, “conductas
delirantes”. No se necesita olfato clínico para advertirlo: eso no es un
dictamen sino un libelo disfrazado de diagnóstico. Cualquier médico que respete
su oficio sabe que una valoración de esa magnitud requiere historia clínica,
examen directo, consentimiento informado y, sobre todo, distancia. La distancia
que impone la ética cuando lo humano está en juego. Sin eso, lo que queda es
propaganda con jerga terapéutica.
Patologizar
al otro no es novedad. Tiene historial: opositores declarados “insanos” en la
Unión Soviética; disidentes etiquetados como “peligrosos” por peritos dóciles
en varios rincones de América Latina. Cada vez que la política recurre a la
psiquiatría para resolver lo que debería tramitar con argumentos y votos, la
democracia se achica. Se degrada, literal.
El
artículo 194 de la Constitución habla de “incapacidad física permanente”
reconocida por el Senado. Esa es la letra —y el sentido— de la norma. Estirarla
hasta abarcar la “incapacidad mental”, sin regulación clara y con documentos
privados, no es interpretación: es salto al vacío. Un brinco hermenéutico que,
por más indignación ciudadana que lo anime, no deja de ser un atajo.
La
jurisprudencia ha insistido en que las causales de falta absoluta son
taxativas. Forzarlas abriría una grieta por donde cabe todo: hoy serviría para
deshacerse de un presidente de izquierda; mañana, de uno de derecha. El
resultado es idéntico y peor: instituciones permanentemente sitiadas por
diagnósticos, rumores clínicos y pasiones momentáneas. ¿Ese es el estándar que
queremos? Francamente, no.
Ignacio
Martín-Baró —psicólogo social, asesinado por pensar demasiado alto— repetía que
el trabajo intelectual no consiste en arrimarse a la hoguera de la
polarización, sino en dar testimonio de lo humano. Aquí el testimonio es
sencillo, incluso obvio: ningún ciudadano merece ser reducido a una etiqueta
psiquiátrica arrojada como piedra. Duele escribirlo porque debería ser
innecesario.
Y
hay otra pregunta, incómoda: si aceptamos que “expertos” autoproclamados se
vuelvan árbitros de la legitimidad democrática, ¿Qué queda del voto? ¿Qué de la
soberanía popular? ¿en qué momento la voluntad ciudadana se subordina a una
junta médica improvisada —o a su simulacro—? El orden constitucional no se
sostiene con certificados clínicos, se sostiene con reglas claras y controles
públicos.
No
se trata de aplaudir o detestar al presidente. Se trata de defender una
frontera indispensable: la que separa la crítica —robusta, dura si hace falta—
de la patologización del adversario. Cuando esa línea se borra, dejamos de
debatir ideas y empezamos a diagnosticar enemigos. Es la ruta corta hacia la
deshumanización, y ya sabemos adónde conduce: a democracias nerviosas,
frágiles, llenas de sospecha.
Además,
conviene decirlo sin rodeos: la patologización es cómoda. Permite evitar la
complejidad de la política, sus acuerdos incómodos, sus números, sus
procedimientos. En lugar de desmontar argumentos, se desmonta a la persona. Es
un atajo retórico que parece eficaz… por cinco minutos.
Ese
oficio que llegó al Senado probablemente no prospere: carece de piso
constitucional y de sustento probatorio. Pero su sola existencia nos lanza una
advertencia. En tiempos de crispación, el riesgo mayor no es perder un debate;
es perder el mínimo de sensatez que hace posible convivir sin miedo, ni
humillaciones.
Colombia
no necesita diagnósticos como proyectiles. Necesita instituciones serias,
ciudadanía exigente y una política que no confunda diferencia con enfermedad.
El desacuerdo es sano. Lo otro —esa tentación de la clínica como arma— enferma
a cualquiera. Y a la democracia, peor.
José
Gañan Bedoya.
