En
la práctica clínica y psicosocial latinoamericana persiste un mito tan cómodo
como peligroso: la supuesta “neutralidad” del terapeuta. La idea de que la
intervención puede ocurrir en un vacío social, aislada de las desigualdades y
violencias estructurales que atraviesan la vida de las personas, no solo es
ingenua; es éticamente insostenible.
Como
advirtió Ignacio Martín-Baró, la psicología que pretende abstraerse de la
realidad social termina sirviendo —consciente o inconscientemente— a los
intereses del statu quo. En contextos marcados por la exclusión, el silencio
del profesional no es neutralidad: es complicidad. Callar frente a una
injusticia que afecta directamente a la persona atendida es, en los hechos, una
forma de validarla.
En nuestro municipio de Chigorodó —con más de 86.000 habitantes—, lo que va del año ha dejado un registro oficial de 68 intentos de suicidio y 4 suicidios consumados, según SIVIGILA. Sabemos que estas cifras son solo la punta del iceberg: hay casos que nunca llegan a ser reportados.
Pero
más allá de las estadísticas, hay un patrón que se repite: la activación
oportuna y correcta de las rutas de atención en salud mental sigue siendo un
reto enorme. La realidad es que gran parte del personal en el sector salud
—médicos, enfermeros, administrativos, entre otros— desconoce los protocolos y
criterios para identificar, evaluar y atender urgencias emocionales y
psiquiátricas.
Este
vacío de conocimiento y sensibilidad no es un mero error técnico; es una falla
estructural que tiene consecuencias directas: personas con crisis suicidas,
ataques de ansiedad, depresión grave, agitación psicótica, trastorno bipolar,
consumo problemático de sustancias, o víctimas de violencia intrafamiliar y de
género son atendidas de manera inadecuada, minimizadas o incluso
revictimizadas.
Sin
duda alguna hay que ir más allá del consultorio: se hace necesario avanzar
hacia una psicología como praxis liberadora. Esta psicología nos recuerda que
los problemas individuales tienen raíces colectivas. La conducta suicida, por
ejemplo, no surge de la nada: está atravesada por determinantes sociales
(desigualdad, violencia, pobreza), culturales (estigmas, normas excluyentes),
políticos (falta de políticas públicas efectivas, débil implementación de las
existentes) y también biológicos y genéticos. Ignorar estos factores es ofrecer
explicaciones incompletas y, por ende, intervenciones insuficientes.
En
Chigorodó, esto implica que el trabajo terapéutico no puede limitarse al alivio
del síntoma en el espacio privado del consultorio y en la premura de la
intervención psicosocial eventual en las comunidades urbanas y rurales. Exige
también incidir en la transformación de las condiciones que generan y sostienen
el sufrimiento. Implica hablar claro cuando el sistema de salud falla, exigir
formación adecuada para todo el personal que interactúa con personas en crisis,
y romper con la indiferencia institucional.
Si
aceptamos que la salud mental está íntimamente ligada a la justicia social, la
postura ética del psicólogo y demás profesionales de la salud mental no puede
ser pasiva. En un municipio como el nuestro, eso significa: visibilizar que el
aumento de casos de conducta suicida está relacionado con fallas en la
respuesta interinstitucional y en la preparación del talento humano en salud.
En
Chigorodó es necesario fortalecer el trabajo en red y la conformación de redes
protectoras, integrando a la comunidad, líderes sociales, instituciones
educativas, organizaciones comunitarias y comunidades indígenas, entre otros
grupos sociales en situación de vulnerabilidad, para la detección temprana y el
acompañamiento de personas en riesgo, especialmente niños, adolescentes y
jóvenes.
En
coherencia, el Plan de Desarrollo Territorial de Chigorodó 2024–2027 reconoce
como prioridad el fortalecimiento del trabajo en red, la formación del talento
humano y la implementación de políticas públicas que respondan a las
necesidades específicas de grupos poblacionales como jóvenes, víctimas del
conflicto, comunidades indígenas y personas con problemas de salud mental. Esta
alineación entre norma y planeación obliga a que la intervención en salud
mental no sea un acto aislado, sino una política de Estado local, que
visibilice las fallas del sistema, articule actores comunitarios e
institucionales, y promueva acciones transformadoras para la vida, la dignidad
y la justicia social en el municipio.
No
se trata de que la terapia se convierta en tribuna política, sino de aceptar
que, en territorios atravesados por tanta vulnerabilidad como Chigorodó, hacer
salud mental es, inevitablemente, un acto político. Tomar partido por la vida
no es un lujo del terapeuta, del psicosocial: es la base de su legitimidad
profesional. Y esa legitimidad no se agota en la pericia técnica ni en el
cumplimiento de protocolos; también descansa en un compromiso activo con la
defensa de los derechos humanos.
En
contextos donde la dignidad, la seguridad y el acceso a servicios básicos se
ven amenazados, el trabajo del profesional de la salud mental se convierte, de
hecho, en una forma de resistencia ética frente a cualquier forma de violencia
o exclusión. Defender el bienestar psicológico implica, entonces, defender las
condiciones sociales, culturales y políticas que lo hacen posible.
Como
diría Martín-Baró, "el compromiso del psicólogo con su pueblo no es un
añadido opcional a su ejercicio profesional, sino la condición misma de su
relevancia y legitimidad".
Por,
José GB.
