Hoy,
4 de septiembre de 2025, a pocos metros de mi casa, vimos cómo la Secretaría de
Agricultura y Medio Ambiente (SAMA) taló un árbol de más de treinta años en el
barrio Kennedy, en Chigorodó. Sentí —con un golpe seco en el estómago— que no
fue solo madera la que tocó el suelo. En las ciudades tropicales, cada copa es
—de verdad— infraestructura: amortigua las olas de calor, atenúa los vientos,
filtra contaminantes y hospeda aves y polinizadores. Y también —aunque casi
nunca figure en el presupuesto— es infraestructura de salud mental.
A
esto la ciencia le dice “servicios ecosistémicos”. Traducido a lo común y
corriente: caminar bajo sombra cuando el asfalto arde; oír pájaros y no
motosierras; ver verde en vez de concreto puro. Esos estímulos bajan la carga
fisiológica del estrés, ayudan al sueño, abren espacio a la atención, nos
devuelven pertenencia. No es lírica: el calor extremo trae irritabilidad,
ansiedad, más conflictos y cuando no hay refugio térmico —árboles— esa carga
sube de volumen, como un zumbido que nadie apaga. Si talamos sin una razón
ambiental sólida, no solo calentamos la cuadra: también subimos, casi sin
darnos cuenta, la angustia diaria.
En
Chigorodó, donde la humedad es un segundo sol, un árbol maduro no es
“mobiliario” que se cambia y ya. Es un amortiguador que reduce varios grados la
sensación térmica y, con eso, la frecuencia cardiaca y el cortisol de quien
espera el taxi, lleva un niño al colegio o vende fruta en la esquina. Es,
además, una pequeña estación de biodiversidad: el canto, los colores, las
formas activan esa atención restaurativa —la mente se recompone tras el
bombardeo de pantallas, alarmas, noticias. Por eso duele distinto cuando un
árbol de décadas cae sin alternativas claras ni razones técnicas verificables.
No se siente solo pérdida ecológica; se siente desamparo. Y el desamparo, lo
sabemos, es un riesgo psicosocial.
La
gestión pública sensata no enfrenta seguridad y naturaleza; las hace convivir.
Un estudio serio no arranca por la motosierra. Empieza por una jerarquía
simple: primero conservar y podar; luego reubicar donde tenga sentido; y solo
al final —si de verdad no hay otra— talar y compensar con criterios de
equivalencia ecológica (edad, especie, ubicación, función). La transparencia en
ese proceso funciona como medicina preventiva para el ánimo colectivo: corta el
rumor, baja la tensión, devuelve agencia a la gente.
¿Qué
hacer, entonces? Contar e inventariar los árboles como contamos puentes.
Diseñar planes de arborización que prioricen los barrios más calientes y
vulnerables. Socializar —antes, no después— cualquier intervención. Y medir no
solo cuántos árboles sembramos, sino cuánta sombra efectiva damos, cuántos
grados bajamos y cómo mejorar el bienestar percibido. Que cada tala venga con
evaluación pública del impacto térmico, acústico y social, y con una
compensación trazable en el tiempo y en el mapa. Parece obvio, pero no lo es.
Un
árbol menos no es un trámite: es un giro en la ecología emocional del barrio.
Si entendemos que el verde urbano también es salud mental, cambia la pregunta.
Ya no es “¿podemos talarlo?”, sino “¿podemos permitirnos perderlo?”. En mi barrio
Kennedy, mi respuesta —como ciudadano y social; como vecino— es clara: una tala
sin justificación ambiental robusta nos empobrece dos veces, en clima y en
ánimo. Y ningún municipio en Urabá que aspire a ser habitable puede darse ese
lujo.
Por
José Gañan Bedoya.
