La reciente entrevista difundida por una emisora de radio de Apartadó
sobre el aumento de personas en situación de calle en Chigorodó deja una
preocupación que trasciende el fenómeno social abordado: la manera en que se
está comunicando la salud mental a la ciudadanía.
Como profesional que trabaja diariamente en la implementación de
estrategias de promoción de la salud mental, prevención del comportamiento
suicida y articulación de la respuesta institucional, considero que el debate
debe sustentarse en evidencia, datos verificables y conocimiento técnico, no en
apreciaciones o hipótesis presentadas como si fueran hechos comprobados.
Uno de los planteamientos más llamativos fue la afirmación de que
personas en situación de calle estarían siendo trasladadas desde otros
municipios hacia Urabá. Hasta el momento, no conozco evidencia institucional,
judicial, epidemiológica o administrativa que permita sostener esa afirmación.
Si existen elementos que la respalden, estos deben ponerse en conocimiento de
las autoridades competentes para su verificación. De lo contrario, se corre el
riesgo de instalar narrativas que pueden generar estigmatización, rechazo
social e incluso decisiones públicas basadas en percepciones y no en la
realidad.
También llama la atención que se cuestione qué está haciendo la
Secretaría de Salud y Protección Social frente a la problemática, cuando en el
municipio existe un trabajo permanente que muchas veces no es visible para la
opinión pública. Durante los últimos años se han fortalecido procesos de
promoción de la salud mental, prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, seguimiento de personas con riesgo de conducta suicida,
implementación de la Estrategia Código Dorado, articulación con EPS, IPS,
instituciones educativas, Comisaría de Familia, ICBF, Policía Nacional y
organizaciones comunitarias, entre muchas otras acciones que responden a las
competencias del sector salud.
Esto no significa que el problema esté resuelto. Por el contrario, significa que existe un esfuerzo institucional que merece ser conocido antes de afirmar que no se está haciendo nada.
Otro aspecto preocupante es la tendencia a relacionar de manera casi
automática la situación de calle con el consumo de sustancias psicoactivas o
con los trastornos mentales. Si bien estos pueden ser factores presentes en
algunos casos, la evidencia demuestra que la situación de calle es un fenómeno
complejo y multifactorial, asociado también a pobreza, desplazamiento,
violencia intrafamiliar, exclusión social, desempleo, rupturas familiares,
discapacidad, enfermedades físicas, consumo problemático de sustancias y
múltiples determinantes sociales. Reducir el análisis únicamente a la salud
mental simplifica excesivamente una realidad que requiere un abordaje integral.
Esta preocupación no es nueva dentro de las ciencias sociales. El
sociólogo Erving Goffman, en su obra Stigma: Notes on the Management of Spoiled
Identity (1963), explicó que las sociedades tienden a construir etiquetas que
reducen a las personas a una sola característica —como la enfermedad mental, el
consumo de sustancias o la situación de calle— invisibilizando su historia, sus
capacidades y las múltiples circunstancias que explican su condición. Desde
esta perspectiva, asociar automáticamente la situación de calle con
peligrosidad, trastorno mental o consumo de drogas no solo constituye un error
analítico, sino que también fortalece procesos de exclusión social que
dificultan la inclusión, el acceso a servicios y la garantía efectiva de
derechos.
Como profesionales tenemos además una responsabilidad ética: evitar
discursos que incrementen el estigma. Cuando se afirma que la situación
"se está saliendo de las manos" o que existe una crisis sin presentar
indicadores objetivos, es necesario preguntarnos: ¿de cuántos casos estamos
hablando exactamente?, ¿cómo ha evolucionado esa cifra en los últimos diez
años?, ¿qué porcentaje representan frente a la población total del municipio?,
¿cuántas personas han sido caracterizadas?, ¿cuáles son sus principales
necesidades?, ¿qué instituciones intervienen actualmente? Sin estas respuestas,
cualquier conclusión resulta incompleta e irresponsable.
La epidemiología y la salud pública nos enseñan que primero se caracteriza el fenómeno, luego se analizan los datos y finalmente se diseñan las intervenciones. Invertir ese orden conduce fácilmente a diagnósticos equivocados y a la generación de falsas alarmas.
Este principio también ha sido ampliamente desarrollado por Carol H.
Weiss, una de las principales investigadoras en evaluación de políticas
públicas, quien sostuvo que las decisiones gubernamentales alcanzan mayor
legitimidad y efectividad cuando se fundamentan en evidencia disponible y no
únicamente en percepciones, intuiciones o presiones coyunturales. En otras
palabras, las políticas públicas más sólidas son aquellas que primero
comprenden el problema mediante información confiable y posteriormente diseñan
intervenciones acordes con la realidad observada.
Por ello considero que toda opinión pública sobre salud mental debe
construirse consultando previamente las fuentes oficiales, los sistemas de
vigilancia, los informes técnicos y las entidades responsables. No porque la
institucionalidad sea infalible, sino porque las decisiones y los mensajes
dirigidos a la comunidad deben apoyarse en información verificable y no
únicamente en impresiones personales.
La crítica siempre será bienvenida cuando contribuya a mejorar las
políticas públicas. Sin embargo, esa crítica adquiere mayor valor cuando está
acompañada de evidencia, propuestas concretas y conocimiento del funcionamiento
de las rutas de atención existentes.
Chigorodó enfrenta desafíos importantes en materia de salud mental, como
ocurre en muchos municipios del país. Pero esos desafíos requieren menos
especulación y más investigación; menos percepciones y más datos; menos
estigmatización y más corresponsabilidad entre Estado, instituciones, academia,
medios de comunicación, familias y comunidad.
Hablar de salud mental implica una enorme responsabilidad ética y social.
Las palabras pueden orientar, prevenir y movilizar acciones colectivas, pero
también pueden reforzar estigmas, profundizar la exclusión o instalar falsas
certezas cuando no se sustentan en evidencia. Como advertía Erving Goffman, las
etiquetas sociales pueden convertirse en barreras tan poderosas como las
condiciones materiales que afectan a las personas.
De igual forma, la experiencia acumulada en salud pública demuestra que
las mejores decisiones son aquellas construidas sobre información verificable,
análisis riguroso y evaluación permanente. Por ello, quienes participamos en
escenarios públicos —instituciones, medios de comunicación, academia y
ciudadanía— compartimos la responsabilidad de promover debates responsables,
fundamentados y respetuosos de la dignidad humana. Solo así podremos construir
políticas públicas más justas, respuestas institucionales más efectivas y una
comunidad mejor informada.
Por José Gañan Bedoya
Chigorodó, 08 de julio de 2026.
