Reflexión crítica sobre el debate de las personas en situación de calle en Chigorodó Antioquia - Colombia.

 

La reciente entrevista difundida por una emisora de radio de Apartadó sobre el aumento de personas en situación de calle en Chigorodó deja una preocupación que trasciende el fenómeno social abordado: la manera en que se está comunicando la salud mental a la ciudadanía.

Como profesional que trabaja diariamente en la implementación de estrategias de promoción de la salud mental, prevención del comportamiento suicida y articulación de la respuesta institucional, considero que el debate debe sustentarse en evidencia, datos verificables y conocimiento técnico, no en apreciaciones o hipótesis presentadas como si fueran hechos comprobados.

Uno de los planteamientos más llamativos fue la afirmación de que personas en situación de calle estarían siendo trasladadas desde otros municipios hacia Urabá. Hasta el momento, no conozco evidencia institucional, judicial, epidemiológica o administrativa que permita sostener esa afirmación. Si existen elementos que la respalden, estos deben ponerse en conocimiento de las autoridades competentes para su verificación. De lo contrario, se corre el riesgo de instalar narrativas que pueden generar estigmatización, rechazo social e incluso decisiones públicas basadas en percepciones y no en la realidad.

También llama la atención que se cuestione qué está haciendo la Secretaría de Salud y Protección Social frente a la problemática, cuando en el municipio existe un trabajo permanente que muchas veces no es visible para la opinión pública. Durante los últimos años se han fortalecido procesos de promoción de la salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, seguimiento de personas con riesgo de conducta suicida, implementación de la Estrategia Código Dorado, articulación con EPS, IPS, instituciones educativas, Comisaría de Familia, ICBF, Policía Nacional y organizaciones comunitarias, entre muchas otras acciones que responden a las competencias del sector salud.

Esto no significa que el problema esté resuelto. Por el contrario, significa que existe un esfuerzo institucional que merece ser conocido antes de afirmar que no se está haciendo nada.

Otro aspecto preocupante es la tendencia a relacionar de manera casi automática la situación de calle con el consumo de sustancias psicoactivas o con los trastornos mentales. Si bien estos pueden ser factores presentes en algunos casos, la evidencia demuestra que la situación de calle es un fenómeno complejo y multifactorial, asociado también a pobreza, desplazamiento, violencia intrafamiliar, exclusión social, desempleo, rupturas familiares, discapacidad, enfermedades físicas, consumo problemático de sustancias y múltiples determinantes sociales. Reducir el análisis únicamente a la salud mental simplifica excesivamente una realidad que requiere un abordaje integral.

Esta preocupación no es nueva dentro de las ciencias sociales. El sociólogo Erving Goffman, en su obra Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (1963), explicó que las sociedades tienden a construir etiquetas que reducen a las personas a una sola característica —como la enfermedad mental, el consumo de sustancias o la situación de calle— invisibilizando su historia, sus capacidades y las múltiples circunstancias que explican su condición. Desde esta perspectiva, asociar automáticamente la situación de calle con peligrosidad, trastorno mental o consumo de drogas no solo constituye un error analítico, sino que también fortalece procesos de exclusión social que dificultan la inclusión, el acceso a servicios y la garantía efectiva de derechos.

Como profesionales tenemos además una responsabilidad ética: evitar discursos que incrementen el estigma. Cuando se afirma que la situación "se está saliendo de las manos" o que existe una crisis sin presentar indicadores objetivos, es necesario preguntarnos: ¿de cuántos casos estamos hablando exactamente?, ¿cómo ha evolucionado esa cifra en los últimos diez años?, ¿qué porcentaje representan frente a la población total del municipio?, ¿cuántas personas han sido caracterizadas?, ¿cuáles son sus principales necesidades?, ¿qué instituciones intervienen actualmente? Sin estas respuestas, cualquier conclusión resulta incompleta e irresponsable.

La epidemiología y la salud pública nos enseñan que primero se caracteriza el fenómeno, luego se analizan los datos y finalmente se diseñan las intervenciones. Invertir ese orden conduce fácilmente a diagnósticos equivocados y a la generación de falsas alarmas.

Este principio también ha sido ampliamente desarrollado por Carol H. Weiss, una de las principales investigadoras en evaluación de políticas públicas, quien sostuvo que las decisiones gubernamentales alcanzan mayor legitimidad y efectividad cuando se fundamentan en evidencia disponible y no únicamente en percepciones, intuiciones o presiones coyunturales. En otras palabras, las políticas públicas más sólidas son aquellas que primero comprenden el problema mediante información confiable y posteriormente diseñan intervenciones acordes con la realidad observada.

Por ello considero que toda opinión pública sobre salud mental debe construirse consultando previamente las fuentes oficiales, los sistemas de vigilancia, los informes técnicos y las entidades responsables. No porque la institucionalidad sea infalible, sino porque las decisiones y los mensajes dirigidos a la comunidad deben apoyarse en información verificable y no únicamente en impresiones personales.

La crítica siempre será bienvenida cuando contribuya a mejorar las políticas públicas. Sin embargo, esa crítica adquiere mayor valor cuando está acompañada de evidencia, propuestas concretas y conocimiento del funcionamiento de las rutas de atención existentes.

Chigorodó enfrenta desafíos importantes en materia de salud mental, como ocurre en muchos municipios del país. Pero esos desafíos requieren menos especulación y más investigación; menos percepciones y más datos; menos estigmatización y más corresponsabilidad entre Estado, instituciones, academia, medios de comunicación, familias y comunidad.

Hablar de salud mental implica una enorme responsabilidad ética y social. Las palabras pueden orientar, prevenir y movilizar acciones colectivas, pero también pueden reforzar estigmas, profundizar la exclusión o instalar falsas certezas cuando no se sustentan en evidencia. Como advertía Erving Goffman, las etiquetas sociales pueden convertirse en barreras tan poderosas como las condiciones materiales que afectan a las personas.

De igual forma, la experiencia acumulada en salud pública demuestra que las mejores decisiones son aquellas construidas sobre información verificable, análisis riguroso y evaluación permanente. Por ello, quienes participamos en escenarios públicos —instituciones, medios de comunicación, academia y ciudadanía— compartimos la responsabilidad de promover debates responsables, fundamentados y respetuosos de la dignidad humana. Solo así podremos construir políticas públicas más justas, respuestas institucionales más efectivas y una comunidad mejor informada.

 

Por José Gañan Bedoya

Chigorodó, 08 de julio de 2026.