lunes, 6 de marzo de 2023

Eliminar el delito de incesto del código penal colombiano sería como poner el sistema de justicia colombiano patas arriba.

 



Este delito es considerado una violación de los derechos humanos y se encuentra tipificado en el código penal de muchos países. Se comete cuando se tienen relaciones sexuales con un familiar cercano, como un padre, hermano, hijo, hija, entre otros. Desde la perspectiva de la salud mental, este delito es una forma de abuso sexual que puede tener graves consecuencias para la salud física y mental de las víctimas. Las víctimas pueden experimentar traumas emocionales y psicológicos que pueden durar toda la vida. Es un delito que puede afectar a las víctimas, a las familias y a la sociedad en general.

Retirar el delito del incesto del código penal colombiano enviaría un mensaje equivocado a la sociedad, indicando que esta práctica no es grave y que no se tomarán medidas para prevenirla o castigarla. Además, esto podría llevar a un aumento en el número de casos de incesto y a una disminución en la confianza de la población en el sistema judicial. Con seguridad, la política de verificación y restablecimiento de derechos de los niños, adolescentes y jóvenes en Colombia, sobre todo los más vulnerables, se vendría al piso.

No se requiere ser abogado, experto o erudito en jurisprudencia para comprender que, en un estado social de derecho, la obligación de los gobiernos, en este caso la Cámara de Representantes, el Congreso de la República y a nivel departamental los Diputados, es hacer los mayores esfuerzos para mantener el delito del incesto en el código penal colombiano, fortalecer el trabajo intersectorial para prevenirlo y castigarlo adecuadamente.

¿Dónde están las voces de rechazo y repudio por parte de los más de 1.101 alcaldes, aspirantes a las alcaldías 2024-2027 y Gobernaciones, de los defensores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, jueces de familia, de las Comisarías de Familia, de las Procuradurías delegadas para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, del Ministerio Público y en este las Personerías Municipales? -Como funcionarios o servidores públicos, tienen la obligación de informar al pueblo colombiano de sus acciones ejecutivas en defensa de los derechos humanos y de repudio en contra de pretensiones injustas, absurdas, populistas y mediáticas como estas, en contra de la niñez, las mujeres y la familia. "Son tan responsables quienes alientan este tipo de pretensiones como quienes, como viles cobardes, guardan silencio y se mantienen al margen sin importarles nada lo que está pasando".

En este sentido, pareciera que la inteligencia artificial tuviera más conciencia y sensibilidad que nosotros los humanos al afirmar que "el desarrollo de un país, de pueblo se mide en gran medida por la forma en que trata a sus niños. Los niños son el futuro inmediato -el aquí y el ahora- de una comunidad, de una familia y el desarrollo de una sociedad se ve reflejado en el nivel de cuidado y atención que reciben sus niños. Una familia, comunidad o sociedad que invierte tiempo y esfuerzo en el cuidado de sus niños está demostrando su compromiso.

El municipio de Chigorodó seguramente no es la excepción y también está expuesto a este delito. Si prestamos más atención y buscamos exhaustivamente en el entramado familiar, es muy probable que encontremos casos de incesto, pero las familias y las víctimas encuentran difícil denunciarlo.

En definitiva, propuestas como estas van en contra de la tan anhelada Política Pública de Salud Mental, que tiene un enfoque de derecho humano individual, familiar y social, como la propuesta por el Ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, 2022. Esta política pública se enfoca en la promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos, promoviendo estilos de vida saludables, cuidando a los menores de edad y fortaleciendo los vínculos sociales, entre otros aspectos.

Sin duda alguna, se trata de una clara y controvertible contradicción. En otras palabras, retirar el delito del incesto del código penal colombiano sería algo así como poner la justicia colombiana patas arriba.

Según YouChat – Sistema de búsqueda de inteligencia artificial de Google, cuando se le preguntó sobre el número de casos de incesto ocurridos en Colombia en los últimos veinte años, esto fue lo que respondió:

“Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, el número de casos de incesto reportados en el país ha aumentado en los últimos veinte años. En el año 2000, se reportaron aproximadamente 5.800 casos de incesto en Colombia. En 2019, el número de casos reportados había aumentado a aproximadamente 21.400. Esto representa aproximadamente un aumento del 267% en el número de casos de incesto en el país durante este periodo de tiempo”.

Un incremento del 267% de casos, representa un panorama nada alentador, para el logro de avances y resultados en materia del mejoramiento de la salud mental en Colombia.

 

Elaboró MENTALÍA, salud para la vida.