Escrito de opinión en el contexto de la salud: Impunidad estructural y afectación psicosocial en el ejercicio del poder en Colombia.

 

(…) En Colombia, el poder rara vez se manifiesta con estruendo cuando se trata del sistema de salud. No necesita escándalos diarios ni discursos altisonantes. Se ejerce, con mayor eficacia, en la administración silenciosa de la escasez: en una autorización que no llega, en una cita que se aplaza indefinidamente, en una deuda que asfixia hospitales y clínicas, en un trámite que se repite hasta el cansancio. El poder, cuando se ejerce mal, no solo gestiona recursos: gestiona el desgaste humano.

Las reflexiones que siguen surgen de lecturas preliminares realizadas en el curso online Filosofía profunda, orientado por el profesor brasileño Danilo Drumond, y del ejercicio crítico sobre el sistema de salud colombiano en su devenir histórico. Buscan, en el fondo, responder a una pregunta incómoda: ¿Qué tipo de poder se ha ejercido durante décadas en las EPS para que la crisis sea estructural, persistente y socialmente devastadora?

Noam Chomsky nos enseñó a mirar el poder en su forma más visible: élites económicas, estructuras administrativas y aparatos discursivos que fabrican consenso. En salud, ese consenso ha girado durante años alrededor de una idea tranquilizadora: cobertura casi universal, afiliaciones que superan el 100 %, expansión formal del sistema. Sin embargo, la experiencia cotidiana de millones de usuarios contradice el relato. Estar afiliado no equivale a ser atendido; figurar en una base de datos no garantiza acceso oportuno, continuo ni digno, como lo he señalado en diversas sesiones de rendición de cuentas ante el Honorable Concejo Municipal y en espacios de diálogo con la referente local de aseguramiento a lo largo de los últimos seis años. El lenguaje técnico y las cifras agregadas han funcionado, demasiadas veces, como un velo que oculta una realidad más cruda: un sistema que promete más de lo que puede —o quiere— cumplir.

Desde otra orilla, Michel Foucault nos recuerda que el poder no se limita a reprimir; produce sujetos. Produce hábitos, expectativas, resignaciones. El sistema de salud colombiano ha producido, a lo largo de los años, un tipo particular de ciudadano: el usuario disciplinado por la espera, entrenado para aceptar la demora, acostumbrado a normalizar la negación. En Antioquia y en la subregión de Urabá, esta producción es especialmente visible: territorios con brechas históricas de acceso, ruralidad dispersa, pobreza estructural y una red prestadora que sobrevive con cartera acumulada. Allí, el poder no necesita imponerse por la fuerza: basta con reiterar la falla hasta que la falla se vuelva paisaje.

Pero es Byung-Chul Han quien introduce la incomodidad más profunda. El poder contemporáneo —advierte— ya no opera principalmente desde la prohibición, sino desde la autoexigencia. No castiga: motiva. No vigila: invita a exhibirse. No ordena: estimula. En el sistema de salud, esta lógica se traduce en un desplazamiento perverso de la responsabilidad: el usuario termina convertido en su propio gestor, su propio tramitador, su propio auditor informal. Si no accede al servicio, siente que no insistió lo suficiente. Se auto explota en la búsqueda de un derecho que debería estar garantizado sin humillación. Así emerge el sujeto agotado, ansioso, frustrado: el sujeto de rendimiento, ahora aplicado a la experiencia de enfermar.

Este ejercicio del poder tiene un impacto directo y profundo en la salud mental de la población. La crisis de acceso, la discontinuidad de tratamientos psicológicos y psiquiátricos, la interrupción de medicamentos y la demora en la atención especializada no son problemas administrativos aislados: son factores de riesgo psicosocial. El seguimiento nacional al evento 356 (intento de suicidio) muestra que el sufrimiento mental no puede leerse al margen de las condiciones institucionales que lo agravan. Cuando el sistema falla de manera reiterada, produce riesgo, desesperanza y sensación de abandono, especialmente en jóvenes, poblaciones rurales y comunidades históricamente excluidas.

A ello se suma una herida política que atraviesa todo el país: la impunidad estructural. Durante años, informes de auditoría, hallazgos fiscales, intervenciones y sanciones han documentado irregularidades multimillonarias en diversas EPS. Sin embargo, el mensaje que recibe la ciudadanía es desolador: los responsables rara vez enfrentan consecuencias proporcionales al daño causado. El control que no corrige ni sanciona se convierte en un ritual vacío. Y ese ritual educa: enseña que el poder puede ponerse al servicio de intereses particulares sin que ello implique un costo real.

En este escenario, tampoco puede ignorarse el papel de sectores del poder político —senadores, representantes, dirigentes regionales— que, investidos por el voto popular, han utilizado ese mandato para obstaculizar reformas, capturar decisiones o degradar el debate público, afectando a los mismos electores que los llevaron al poder.

Superar esta crisis exige algo más que nuevas normas o más informes. Requiere un ejercicio distinto del poder: uno que deje de medir el éxito en afiliaciones nominales y empiece a evaluarlo en términos de acceso real, continuidad y dignidad; uno que articule a la Nación, los departamentos y los territorios para anticipar el riesgo, fortalecer la red pública, proteger de manera prioritaria la salud mental y cerrar de forma efectiva el ciclo de responsabilidad —prevención, supervisión, vigilancia, control, sanción y reparación—; un poder que entienda que vigilar no es solo observar, sino intervenir a tiempo, y que gobernar no es administrar cifras, sino cuidar vidas. Solo así podrá empezar a reconstruirse la confianza de los usuarios en sus aseguradoras y del ciudadano en el Estado.

Camus advirtió que el drama comienza cuando dejamos de pensar; Saramago, cuando aceptamos la ceguera como normalidad; Han, cuando creemos que somos libres mientras nos agotamos. En Colombia, estas advertencias no son metáforas literarias: son diagnósticos urgentes. Porque cuando el poder deja de cuidar, la salud deja de ser un derecho fundamental y se convierte en una prueba de resistencia colectiva. Y ningún país debería acostumbrarse a resistir allí donde debería, simplemente, vivir.

 

Por José Gañan Bedoya. – Chigorodó, 02-01-2026.

 

Fuentes complementarias consultadas:

Ministerio de Salud y Protección Social. Informes oficiales sobre deuda acumulada de las EPS y sostenibilidad financiera del sistema de salud (2023–2025).

Contraloría General de la República. Informes de auditoría y hallazgos fiscales sobre la destinación de recursos de la UPC en distintas EPS.

Superintendencia Nacional de Salud. Resoluciones de intervención, sanciones y balances de gestión de EPS bajo vigilancia especial.

Instituto Nacional de Salud y Defensoría del Pueblo. Boletines epidemiológicos del evento 356 (intento de suicidio) e informes sobre barreras de acceso y tutelas en salud.